Abg. Gabriel Velásquez Reyes, Mg
El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social (SNIES), es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.
Este sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación participativa, se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación, y debe funcionar bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.
Para el efecto, el Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución.
El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población seguridad humana y transporte.
La inclusión social definitivamente debe proponer una nueva forma de pensar en el convivir diario de una sociedad, en el cual el bienestar individual no es primordial, sino que es más bien fruto del mejoramiento de vida de toda la colectividad, construyendo en este aspecto igualdades que permitan la cooperación, la solidaridad y el mutuo reconocimiento.
Asimismo, el concepto de equidad social debería ser utilizado para mencionar nociones de justicia e igualdad social con valoración de la individualidad. La equidad representa un equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva. La tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón también se conoce como equidad, es decir, esta disposición se propone a otorgar a cada sujeto lo que se merece.
Ahora bien, con la inclusión social y la equidad se pretende básicamente que la primera considere como prioridad a los sectores mayoritarios para hacer frente a la exclusión y discriminación, así como a la desigualdad social, mientras que con la aplicabilidad de la equidad existirá en el Ecuador un verdadero reconocimiento de los derechos de las personas, considerando principalmente la existencia de oportunidades equitativas que conlleven al acceso pleno a la educación, salud, seguridad social, entre otros derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
