La sociedad civil urge al alcalde a actuar en consecuencia de la emergencia. Manta no sólo presenta un elevado índice de contagios y muertes a nivel general, sino que, de manera específica, la crisis se ha focalizado en el sector de la pesquería.
David Ramírez*
Es una infamia que hayan tenido que morir tantos pescadores y capitanes de barco para recién este martes -por presión ciudadana- el alcalde informa haciendo énfasis que (SIC): “El Ministerio de Salud Pública (MSP), responsable del manejo del COVID-19 en Ecuador, nos ha comunicado el siguiente protocolo que junto a la Capitanía del Puerto tienen definido para nuestra gente del mar”.
En concreto, no es él como alcalde sino el MSP, el que ha he emitido un “protocolo” para gestionar el traslado de los pescadores en cuarentena a los centros de aislamientos para pacientes de COVID-19. Si bien, en efecto, el MSP maneja oficialmente la crisis, existe el COE nacional que a la vez desarrolló un manual para que sea seguido por los COE cantonales.
En ese marco, el 10 de abril, El COE de Manta anuncia la creación de cuatro mesas de trabajo y luego, el 18 de abril, se conformó la Mesa 5 de Asesoría Técnica y Científica para la Seguridad y Control de la Producción Alimentaria’, cuyo objetivo es proteger a los trabajadores de la industria pesquera y por añadidura, a los pescadores de la flota atunera de Manta.
Es en medio de este desaguisado que se desata la ola de contagio comunitario entre los pescadores de la flota atunera en la que ya suman varios fallecidos, entre ellos varios capitanes de barco.
Que el MSP haya dispuesto ahora un protocolo para trasladar a los pescadores contagiados con la COVID-19 desnuda la incompetencia de las autoridades locales. Esta es una medida de sentido común que debió ser adoptada por el alcalde hace mucho. Paro eso se habilitó el Centro Geriátrico y la Refinería del Pacífico, para salvar vidas y acometer en acciones concretas, no solo para hacer publicidad mediática.
Pero a esta altura de la crisis, pregunto: ¿Dónde está el resultado de la Mesa de Trabajo 5 conformada por el alcalde y avalada por el Comité Ciudadano Público-Privado? ¿De qué protocolos de bioseguridad hablan los dueños de la flota pesquera y empresarios del sector? Evidentemente no existen o no funcionan porque el contagio masivo y las muertes, así lo confirman.
La sociedad civil urge al alcalde a actuar en consecuencia de la emergencia. Manta no sólo presenta un elevado índice de contagios y muertes a nivel general, sino que, de manera específica, la crisis se ha focalizado entre los pescadores y los trabajadores de las plantas procesadoras. Las cifras no mienten, son reales.
El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 28 establece: La omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material típico, cuando se encuentra en posición de garante. Se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad personal del titular del bien jurídico y ha provocado o incrementado precedentemente un riesgo que resulte determinante en la afectación de un bien jurídico.
Por lo pronto, he aquí una herramienta legal que define el acto de negligencia flagrante y a la que se puede apelar para sancionar la irresponsabilidad y exigir justicia para quienes están fallando en preservar la vida de los ciudadanos. Ciertamente se debe luchar contra el COVID-19, pero también contra la impunidad.
David Ramírez es un periodista manabita residente en Estados Unidos donde es editor de El Diario en Nueva York.
