Ya no es ninguna novedad encontrarse con una noticia de que levantaron una estafa a partir de fondos públicos, es más, duele comprobar que superan a los robos y desfalcos de la delincuencia común en el diario cotidiano. No hay día para que un nuevo escándalo se destape, acompañado por la indiferencia de la opinión pública, quien sufrirá el deterioro de las prestaciones de servicios y la escasez de recursos.
Las instituciones de servicio de seguridad social han sido el blanco de robos sistemáticos, sin que las autoridades de control justifiquen su presencia. Es más bien el robo con impunidad el que se ha institucionalizado, y seguirá, a partir de los planes de concesión y venta de activos de propiedad del Estado, dispuestos para los próximos meses, todos carentes de transparencia y envueltos en el sigilo de los gobernantes.
Sea mediante carnets de discapacidad fraudulentos, sea por concursos de compras públicas amañados, sea por inversiones descontroladas, o sea por licitaciones internacionales con sigilo, el resultado termina en ilícito, servido a la carta para codiciosos funcionarios públicos, asociados con negociantes privados encubiertos en empresas fantasmas, para comerse el patrimonio del bien común y al final, la factura la pagamos todos.