Patricio León Baquero
wbpleon@gmail.com
Las últimas semanas el país ha vivido graves sucesos que de manera directa implican a la justicia, representada a través del Poder Judicial y sus órganos, de conformidad con la Constitución de la República. La justicia es un pilar fundamental no solo de la estructura jurídica del Estado, sino de la armónica convivencia en las sociedades civilizadas. Empero, una administración de justicia permanentemente cuestionada, como lamentablemente es la ecuatoriana, no brinda al conjunto de la sociedad esa necesaria confianza institucional y menos aún un atisbo de reconocimiento en el ámbito internacional, pues, no presta las más mínimas garantías de independencia, eficiencia y probidad.
Primero, la Asamblea concedió una cuestionada amnistía a 268 ciudadanos que fueron judicializados por «ejercer el derecho propio y derechos colectivos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales» en el contexto de las protestas sociales ocurridas en octubre de 2019, hechos en los cuales hubo excesos y actos violentos tanto en la represión de la fuerza pública, como en las formas de protesta de los manifestantes; en todo caso hubo muertos y heridos graves que lamentar.
Un mes después, el país se conmocionó con la noticia del hábeas corpus concedido por un juez de Manglaralto al exvicepresidente Jorge Glas, quien cumplía una sentencia en el centro de detención de Latacunga. Glas recuperó su libertad ante la manifiesta inoperancia gubernamental para oponerse a la concesión de esta medida o, como afirman algunos líderes políticos y de opinión, se debe a algún pacto de trastienda entre el gobierno y la revolución ciudadana. Sin embargo, el juez a quien nadie demuestra que haya cometido alguna ilegalidad, ha sido suspendido por 90 días. Muy claro el mensaje para los jueces y juezas del país.
Finalmente, la semana pasada, mientras el presidente de la Corte Nacional de Justicia, firmaba un pedido de extradición, el gobernó del Reino de Bélgica, caracterizado por la reconocida seriedad de sus procedimientos, había concedido asilo al expresidente Rafael Correa, al considerarlo perseguido político, pese a tener una sentencia ejecutoriada por la justicia ecuatoriana. Al buen entendedor…
Como simple ciudadano ecuatoriano, me permito pensar en voz alta para afirmar que nada de esto habría pasado si el país tuviera un sistema de justicia realmente independiente del poder político, sin que nadie intente “meter la mano en la justicia”, ni rodear sus edificios con tanquetas para imponer jueces a conveniencia, ni destituir a unos para hacerse de “pichicortes” al antojo de cada inquilino de Carondelet, acciones todas ellas tan cuestionables como la reunión dominical de los presidentes de la República, la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura y la Fiscal general, en una nueva manifiesta injerencia en la Función Judicial que, lejos de arreglar algo, tan solo lo empeora y levanta mayores sospechas en la ciudadanía con respecto al tan cacareado “respeto a la independencia de las funciones del Estado”.
