Se aceptó a trámite el pedido de apelación a la prisión preventiva que presentó el asambleísta, Daniel Mendoza (AP-Aliados), y dos procesados más dentro de la causa penal por el delito de delincuencia organizada.
El pasado 5 de junio, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, dictó prisión preventiva y retención de fondos de cuentas bancarias, así como prohibición de enajenar bienes en contra del asambleísta, Daniel Mendoza y el director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Edmundo Tamayo. Similares medidas se dictaron contra otros tres procesados: Jennifer C., Tania S. y Ángel A. Además dictó arresto domiciliario y prohibición de salida del país para Olga M.
La defensa de la procesada Jennifer C., interpuso el recurso de apelación en la audiencia de formulación de cargos de forma oral; mientras que la defensa de Mendoza y Tania S., interpusieron recursos de apelación por escrito al auto de prisión preventiva dictado en la diligencia celebrada el 5 de junio.
Aceptada a trámite la apelación, de acuerdo al procedimiento, se tendrá que sortear un nuevo tribunal para que conozca la petición de los procesados; y posteriormente, se instala la audiencia donde se expondrán los argumentos, y finalmente se procederá a la deliberación en mérito de los fundamentos y alegaciones expuestas.
Hábeas Corpus
La audiencia se realizará el próximo 16 de junio a las 14:30 según ordenó el juez ponente de la sala Roberto Guzmán Castañeda, quien aceptó la competencia para conocer y resolver la presente garantía jurisdiccional de hábeas corpus.
Los argumentos que se exponen sobre la ilegitimidad de la medida cautelar se relacionan con un supuesto riesgo de su vida e integridad debido a la emergencia sanitaria por COVID-19.
Para ello, la Sala solicitó la aplicación de varias pruebas y se ordenó que los titulares del Centro de Detención Provisional del Inca en Quito; y de la Secretaría Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), emitan informes sobre los casos positivos confirmados de COVID-19 de todas las personas que trabajan o se encuentran detenidas en la denominada cárcel 4; si en el centro detención de El Inca, existen condiciones de hacinamiento.
A esta audiencia se citó también el juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez Ruiz, quien acogió el pedido de la Fiscalía General de ordenar la prisión preventiva a los procesados. (I)
